Desde el Gobierno reconocieron que hay, en la pospandemia, un aumento en cuanto a los hogares donde residen los adultos mayores que no trabaja bajo los requisitos y condiciones adecuadas. Qué hace el Estado, los municipios y el rol preponderante de los familiares.

Los lugares que albergan a adultos mayores, más conocidos como geriátricos, atraviesan una situación que podría llegar a ser problemática en cuanto a habilitaciones, sanciones y clausuras. Desde el Gobierno advierten que cada vez hay más residencias que operan sin los requisitos y condiciones que pone Salud. Destacan el rol de la familia como «responsables del adulto mayor» y las denuncias por irregularidades dentro de los geriátricos.

En el último tiempo han sorprendido los casos dentro de los geriátricos, en los que luego de dadas ciertas noticias, se conocen irregularidades con las que los mismos trabajaban previamente y desde hacía tiempo. Desde el Ministerio de Salud de Mendoza indicaron que la provincia trabaja con lo relacionado a las condiciones y habilitación de los hogares, estableciendo algunos requisitos y documentaciones activando un proceso para que ese lugar pueda funcionar correctamente. Destacaron que hay controles periódicos donde se constata que se estén llevando a cabo esas condiciones y las actuaciones que se llevan a cabo cuando hay «hogares clandestinos«.

«El Ministerio de Salud, en primer lugar, se rige por la ley de habilitaciones que es la número 5.532, que tiene un decreto reglamentario en el que establece cuáles son los requerimientos que deben tener los establecimientos de salud para ser habilitados. A los dueños se les pide cierta documentación y a lo largo del tiempo nos ha ido modificando, ya que encontramos muchos geriátricos que estaban ya funcionando sin una habilitación correspondiente», comentó inicialmente Cecilia Cejas, directora de Gestión y de Recursos Físicos de la cartera de Salud de Mendoza.

A lo que agregó que «ante esta situación planteamos que damos un acompañamiento a los establecimientos para que se puedan adecuar a las normativas, más que nada por las personas que están ahí residiendo, hay muchos adultos mayores que toman el geriátrico directamente como un hogar, entonces es importante dar acompañamiento. Siempre marcamos y seguimos las cosas que pedimos modificar para lograr la habilitación. Los ítems a pedir son tres: infraestructura, recursos humanos y equipamientos. La clausurallega cuando vemos que las condiciones del lugar ponen en riesgo la salud de los residentes».

Tras la pandemia, según marcaron desde el Ejecutivo, han notado que hay más lugares trabajando de forma irregular. Además de los controles o inspecciones periódicas, hay denuncias sobre la misma inhabilitación (que puede llegar de distintas partes). «Notamos que creció el registro de lugares después de la pandemia. No hay un número puntual de las clausuras, pero siempre intentamos tener contacto con las familias cuando hay una decisión así, que también es publicada en el Boletín Oficial. También hay casos donde dueños siguen operando y no hace caso a la clausura. Ahí procedemos a hacer una denuncia y la intervención de la Justicia», aclaró Cejas.

Respecto a lo legal, la directora deAsuntos Jurídicosdel Ministerio, Melisa Martínez Malanca, reconoció la situación y afirmó que estos lugares son llamados «hogares clandestinos». «Tenemos que actuar de oficio, muchos casos hay que no dan cumplimiento. Desde lo legal, dependiendo de las fallas hay distintas sanciones, multas y después viene la clausura al establecimiento. Siempre hacemos hincapié en que los familiares también son responsables directos de las personas que viven en esos hogares, pedimos siempre que cuando los ingresen sea con precaución, con previa consulta», afirmó. Y de la misma forma indicaron que hay situaciones en las que es «difícil» contactarse con los familiares cuando hay denuncias por inhabilitación, ya que hay casos en los que los familiares actúan de forma irresponsable.

«La obligación legal siempre es de la familia, según el Código Civil y Comercial que rige en todo el país. Muchas veces es complicado llegar a dar con algunos familiares, nos encontramos con algunas respuestas que nos sorprenden. El Ministerio no tiene la obligación de ponerse en contacto cuando notamos irregularidades, pero lo hacemos para cooperar e informar la situación, aunque no muchas veces notamos actitudes responsables de los familiares», manifestaron.

Al día de hoy, funcionan cientos de geriátricos en la provincia pero en el último tiempo han notado que no se puede cerrar un número de cuántos hay debido a que se van registrando con constancia lugares nuevos. «El promedio es un funcionamiento de alrededor de 200 habilitados».

Qué pasa cuando hay denuncias por maltrato

Si bien el Gobierno no intercede, sino la Justicia es la que tiene que intervenir cuando hay denuncias por maltratos, sí suele haber un trabajo articulado entre ambos poderes. «El maltrato es un delito, nosotros como Ministerio no lo constatamos, va directo a la Justicia. Lo que sí hay es un trabajo articulado para actuar conjuntamente. Un caso de ejemplo es el de Godoy Cruz en el que hubo mucha relación con la fiscal Ríos», sostuvieron.

«Nosotros brindamos acompañamiento en cuanto a allanamientos o intervenciones. Cuando hay denuncias, la Justicia nos pone en conocimiento y damos información sobre el estado de situación de ese lugar», ampliaron.

Fuente: MDZ ONLINE