La nueva Ley Nacional quedó sancionada por 134 votos a favor y 107 en contra. Juntos por el Cambio defendió su dictamen de minoría. Aquí los detalles de lo que establece la flamante ley.

Con un sector de la oposición, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados logró convertir en ley el plan de pago de deuda previsional, que apunta a beneficiar alrededor de 800 mil personas que no cuentan con los aportes suficientes para poder acceder a una jubilación.

La norma se sancionó con 134 votos a favor, 107 en contra y ninguna abstención.

Además del oficialismo, acompañaron la iniciativa los cuatros diputados aliados del interbloque Provincias Unidas; los cuatro legisladores del Frente de Izquierda; y 7 del interbloque Federal (no estuvo presente Florencio Randazzo). Votaron a favor también Claudio Vidal (SER) y Rolando Figueroa (MPN) Estos mismos fueron los que facilitaron la apertura de la sesión aportando al quórum.

Por su parte, Juntos por el Cambio rechazó el texto y defendió su dictamen de minoría. Todos sus miembros presentes votaron en contra, igual que Avanza Libertad y La Libertad Avanza.

El proyecto había sido aprobado en el Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto del año pasado, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.

En diciembre pasado culminó la prórroga por decreto de la última moratoria vigente, la cual no se volvió a extender por esa vía. La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, dijo que eso era “complejo” dado que por decreto no se podía ampliar el período de la misma y que lo mejor era que saliera una nueva ley.

Raverta asistió durante febrero en dos ocasiones a la Cámara baja para reclamar por el proyecto y fustigar a la oposición de JxC por no dar quórum para que se pueda debatir.

El debate

A la hora de fundamentar el dictamen de mayoría, el diputado Carlos Heller observó que del total de los jubilados que tiene la Argentina, el 65% tienen que ver con las moratorias. “Gracias a esas moratorias, el 95% de las personas que están en posibilidad de jubilarse, pueden hacerlo”, agregó, atribuyendo la situación a un “gravísimo problema” que tiene nuestro país en materia de informalidad laboral, que provoca que “muchísimas personas lleguen a la edad de jubilarse sin los aportes suficientes”.

“En la Argentina todos sabemos que hay un tercio de la población con problemas de informalidad laboral, pero mientras tanto transcurre el tiempo y esas personas no tienen cómo jubilarse”, señaló a continuación, admitiendo de paso que se trata de “un parche, porque mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son los mecanismos adecuados para salir de la situación”.

A su turno, la mendocina Marisa Uceda dijo que la norma “le va a permitir a hombres y mujeres con la edad de acceder a un beneficio previsional y sin los aportes necesarios a acceder a una moratoria, pero trae una novedad como es la cancelación anticipada de aportes que se deben”.

“Se nos exige todo el tiempo ser creativos; bueno, estamos siéndolo. Le estamos dando un instrumento a la ANSeS para robustecer el sistema”.

Sobre el final, Marisa Uceda rechazó que este proyecto desfinancie el sistema. “Todos sabemos que las jubilaciones no se componen además de los aportes de los activos, sino también a través del IVA. ¿Y saben cuál es la clase social que vuelca todos sus aportes al consumo? Los jubilados, ese es el círculo virtuoso”, enfatizó.

Por el dictamen de minoría, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace sostuvo que “el diputado Heller admitió desde el comienzo que tenemos un grave problema de informalidad laboral. El desempeño de nuestra macroeconomía es pobre del mercado de trabajo por la subocupación, la ocupación informal y el desempleo”. En ese sentido, planteó que “si tenemos 4 de cada 10 trabajadores que no tienen esas contribuciones ingresadas, llegan a la edad jubilatoria sin tener el beneficio sin poder ingresar. Esa es la realidad que tenemos, si tenemos un sistema jubilatorio que pide 30 años de aporte y prácticamente nadie puede alcanzar esa condición, menos de la quinta parte cumple con los requisitos para poder jubilarse, el resto tiene pensiones o regímenes provinciales”.

A su turno, el cordobés Rodrigo De Loredo apuntó contra el oficialismo porque “trataron de la misma manera las políticas contributivas de las no contributivas y eso trae aparejado tres consecuencias irreversibles: profundizar una política desigual, desestimulan el ahorro y estimulan la informalidad el mercado laboral”.

“Lo más grave es que al haber quebrado la sustantividad del sistema, al haberlo hecho tanto más dependiente de sus ingresos tributarios y al haber quebrado la relación que antes del 2006 era 2,6 activos y 1 pasivo y ahora es 1,5 activo y 1 pasivo, pulverizaron el poder adquisitivo de todos los jubilados y han puesto a todos los jubilados arrastrándose abajo sumergidos en la pobreza y agravaron el déficit de la totalidad el Estado porque del gasto previsional oscila el 40% del gasto público”, lanzó entre gritos.

En su intervención, la diputada Romina Del Plá señaló que “la canasta básica de la Tercera Edad medida por la defensoría de CABA hoy supera los $170000. La mínima que cobran más del 70% de los jubilados es un tercio de eso, o menos. Un Estado que abandona así a los mayores es un Estado criminal”. En referencia al proyecto sobre moratoria votado agregó que: “Hoy se votó una ley por la cual a la jubilación mínima de indigencia se les descontarán aportes que les fueron robados a las y los trabajadores. La votamos a favor porque serán muchas las personas que tendrán este paliativo para hacer frente al hambre y a la inflación del 100% de este gobierno del FMI. Desde nuestro bloque presentamos un dictamen por minoría y un proyecto de ley para que todos los y las adultos mayores tengan acceso a una jubilación universal que cubra la canasta básica de la tercera edad”.

El radical cordobés Víctor Hugo Romero detalló: “De la población activa hay un 7,1 por ciento desocupado, un 28 no asalariado y 4 de cada 10 que perciben salarios no perciben no están registrados formalmente”. A su vez, añadió: “Los trabajadores informales, el 63 trabaja en empresas de no más de 5 empleados y el 89 con menos de 25. Solo pueden cumplir las grandes empresas”.

“Desde 2005 se establecen leyes de moratoria, pero siempre con parches, nunca con solución de fondo”, aseveró. Y concluyó: “En 17 años las jubilaciones crecieron 3.730.000, pero solo 94.000 corresponde con trabajadores con aporte de 30 años, solamente creció en 2.030.000 el trabajador registrado y 7 de cada 10 cobra por bajo de la línea de pobreza”. “Este nuevo proyecto de plan de pago requiere un análisis más profundo y está lejos de generar derechos”, cerró.

Por otro lado, el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos), en su alocución, afirmó: “Queremos sostener esta ley de plan de pago previsional para beneficiar a 800.000 argentinos y en mi caso a 17.000 trabajadores entrerrianos”.

El diputado oficialista recordó que en 2003 el 40 por ciento no accedía a la jubilación y explicó: “Si no analizamos la perspectiva a futuro es difícil analizar el sistema previsional”.

“Estamos de acuerdo en que exista algún remedio legal para que aquellos a los que les faltan años de aporte o edad jubilatoria puedan compensar esa diferencia, pero sin exterminar el sistema jubilatorio. Estamos asistiendo al derrumbe y ruptura total del sistema previsional argentino en detrimento de nuestros jubilados con esta, mal llamada, moratoria”, señaló a su turno la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro). Y agregó: “Si tuvieran una genuina preocupación por la justicia social no se llevarían puesta a la caja de jubilaciones del país, el ANSeS, con este tipo de leyes incoherentes. Debieran generar un sistema que permita verificar que quienes quieran acceder al sistema previsional, y no tienen aportes, realmente lo necesiten. No les importa que se pueda jubilar un millonario que nunca aportó, ya que no tuvo la necesidad de trabajar. Generan injusticias bajo una supuesta ley que beneficia a todos, pero en realidad es una verdadera trampa parlamentaria que lo único que hace es desfinanciar a los jubilados de la Argentina”.

Asimismo lanzó que “si el kirchnerismo tuviera un legítimo interés por defender la justicia social no callaría que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, percibe 67 jubilaciones mínimas por mes o haya reclamado en la Justicia un aporte correspondiente a 2971 jubilaciones mínimas. Ante estas grandes inequidades de una de las principales representantes de su coalición, el Frente de Todos mira para otro lado”.

Para Alejandro “Topo” Rodríguez, las mujeres “cargan con el flagelo de la subocupación y la desocupación más las mujeres que los hombres” y comparó: “Cada 1.000 pesos que gana un hombre, una mujer recibe solo 790 pesos”. Y advirtió que “los gobiernos tienen que hacerse cargo no de asignar derechos cuando ya se rompió el derecho básico, que es a tener un trabajo remunerado con aporte jubilatorio”.

En su discurso, el oficialista santafesino Eduardo Toniolli señaló que “las moratorias permiten incluir a argentinas y argentinos que, después de haber trabajado toda su vida, no tienen los años de aportes necesarios para jubilarse. En ese sentido son un acto de justicia. No estamos hablando de regalar nada, si de reconocer el laburo de 800 mil compatriotas”.

“Los datos muestran que la gran mayoría de las beneficiarias de las primeras moratorias fueron mujeres humildes, que habían pasado años desempeñando tareas de cuidado que nunca fueron reconocidas”, señaló el legislador nacional del Frente de Todos, y agregó: “así cómo reconocemos la justicia de esta medida, también señalamos que la asignatura pendiente es la recuperación del nivel de los haberes previsionales, que guarda estrecha relación con el problema estructural de ingresos y de condiciones laborales de la población activa”.

En su intervención, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) se pronunció en contra del proyecto porque consideró que “no ataca el problema y va a fracasar”. En síntesis, el libertario brindó dos razones: “Estamos buscando financiar a personas para la jubilación mínima que si no tienen un gran poder adquisitivo, difícilmente puedan terminar feliz este plan de pago”, y agregó: “Les estamos ofreciendo ser pobres hoy y ser pobres mañana”.

En segunda instancia, explicó: “La suma de las moratorias nos lleva a gastar 12 puntos del PBI”. “Me resulta inadmisible si esto no estaba previsto en la Ley de Presupuesto”, siguió.

Para cerrar, expresó: “Solo una de cada diez mujeres y uno de cada diez hombres llega a jubilarse con los 30 años de aportes”, y cerró: “Si no atacamos el problema de la gran cantidad de regímenes y la informalidad vamos a fracasar”.

El diputado del Pro Luciano Laspina consideró que el proyecto debatido “es una gran injusticia para los que aportaron 40 años. Es un pasivo enorme que se carga sobre el sistema previsional sin haber tenido la contribución previa”. Y lo atribuyó a un “mecanismo electoral”, porque a su juicio “es tan clara la intencionalidad política de esto, que por eso se hace este año y no el año pasado, de regalar plata que ya no tenemos”.

Puesto a ofrecer alternativas, Laspina dijo que “tenemos desafíos del sistema previsional, generar incentivos para que la gente trabaje más tiempo en blanco, porque en un sistema de reparto, la forma de pagar buenas jubilaciones es que haya mucha más gente trabajando por más tiempo en el sistema formal”.

“Este tipo de cosas constituyen un verdadero desastre, no solo porque es una estafa a los jubilados de hoy, sino también a las generaciones futuras”, sostuvo por su parte Javier Milei. Y cerró: “Si seguimos así, lo único que vamos a hacer es que cada día Argentina sea más miserable”.

Bien sobre el final del debate, Silvia Lospennato se refirió al tema como “un problema que tenemos y que no hemos podido reparar”. Al punto tal de recordar que ha habido 1.273 normas que en la historia han modificado la ley original.

Habló de un sistema que exige 30 años de aportes y que “excluye al 80% de los argentinos que tienen la posibilidad de jubilarse y acumular esos años. Ese es el problema en serio que tenemos que elaborar y que seguimos procastinando”.

Lospennato advirtió que “no se puede seguir especulando electoralmente cuando está en juego la sostenibilidad del sistema previsional argentino”, al tiempo que reivindicó a la gestión de Cambiemos, que –dijo- le devolvió a los jubilados con la Reparación Histórica “lo que el Frente de Todos les robó durante muchos años”. reivindicó también la PUAM y la movilidad aprobada en medio de 14 toneladas de piedras. “Soportando el silencio cómplice de estos tres años en los que los jubilados no han dejado de perder mes a mes”, dijo, reconociéndole al oficialismo el “relato” que les permite erigirse a sí mismos como defensores de los  jubilados.

“Ustedes saben que hoy están votando un aumento brutal del déficit fiscal de la Argentina. No podemos dejar de señalárselo. Están gobernando, por lo menos tengan algo de responsabilidad fiscal… Siempre son pan para hoy y hambre para mañana”, disparó la diputada, que agregó que “esta nueva irresponsabilidad fiscal del kirchnerismo la van a pagar los jubilados. El único ajuste que sabe hacer el kirchnerismo lo hacen sobre los jubilados”.

A continuación, la diputada Graciela Camaño recordó que venía a votar la prórroga de la moratoria que estableció en 2017 Mauricio Macri, que a su vez tenía que ver con la primera moratoria del primer gobierno de Cristina Kirchner. “Vengo a ser consecuente”, afirmó.

“No le estamos robando los aportes a nadie”, aseguró, negando que esta crisis venga de la década del 90, sino que la atribuyó a la del 80. “Sabemos que lo que tenemos que cambiar es de una profundidad que requiere acuerdos que no podemos lograr”, agregó, advirtiendo finalmente que “si alguien cree que con esta miseria que van a hacer van a conseguir votos, no han leído el proyecto”.

El penúltimo orador fue Máximo Kirchner, quien no estaba anunciado en las listas que circularon durante el día. Y en su mensaje negó el argumento del déficit fiscal para rechazar esa iniciativa. “Los jubilados no generan déficit”, aseguró, agregando que hay no más de 10 o 15 países en superávit fiscal en el mundo. “La mayoría de los estados se encuentra en déficit fiscal, así que no creo que sea el problema”, cerró.

El cierre del debate del plan de pago de deudas previsionales estuvo a cargo del jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien valoró en primer lugar que se hubiera podido sesionar y agradeció puntualmente no solo a sus diputados, sino a los de los otros bloques: Provincias Unidas, los socialistas Santafesinos, Identidad Bonaerense y los de la izquierda “que nos acompañaron en el quórum, que es tan o más importante que el voto final”.

“Dimos un debate muy honesto, donde pusimos posiciones políticas muy fuertes; no sé si nos escuchamos tanto, pero hubo argumentos que también demuestran a quiénes intentamos representar”, señaló.

Reconoció finalmente que esta ley no representa una solución de fondo. “Probablemente no, pero me parece que estamos dando un paso muy importante y vamos cerrando puertas, así como reafirmamos un determinado camino, con un no a la capitalización, no a recortes a jubilados, ni al fraccionamiento del sistema previsional”.

Qué establece la flamante ley

La flamante ley establece que las personas en edad jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.