En estos 40 años de democracia seguimos analizando de la mano de Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad, el trato de cada gobierno democrático hacia los jubilados y pensionados.

En 1994 se privatizó, de la noche a la mañana, una parte considerable del sistema previsional argentino. En 2008, se volvió al sistema público con la misma celeridad. En un lapso poco mayor de tres lustros, millones de trabajadores habían pasado por tres sistemas distintos: el anterior a la privatización, el de las AFJP y finalmente el nuevo sistema público. Es como si hubiesen vivido y trabajado en tres países distintos. Pero no hay que creer que la instalación del nuevo sistema traería la estabilidad. En 2008, cuando se procedió a la reestatización, muchos advertimos sobre el riesgo que ésta conllevaba.

Si se me permite, voy a citar mis propias palabras en aquel momento: “Estamos en un momento muy particular, tanto para el mundo como para la Argentina. Todos los Estados necesitan recursos y ante este escenario tan complejo el riesgo de que los fondos terminen usándose para otra cosa es altísimo y por eso hay que poner límites”. Entrevista de La Nación, realizada por Lucrecia Bullrich, 2008.

Como puede verse, en aquel momento no hacía falta ninguna capacidad paranormal para predecir el futuro de la impredecible Argentina. Desde ahí en adelante la utilización de los fondos previsionales para distintos objetivos políticos pasa a ser moneda corriente. 

La denuncia aparecida hace dos semanas en La Nación sobre la utilización de recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de Anses para emparejar las cuentas de Aerolíneas Argentinas, puede ser leída como el último capítulo de esa larga novela. – Aerolíneas: la gestión de La Cámpora usó dinero de los jubilados para esconder los verdaderos números.

Lamentablemente el problema no solo radica en el uso directo de los recursos, sino también en el uso político del sistema con fines demagógicos o electorales. Es en ese sentido que se pueden leer las distintas moratorias ofrecidas durante los gobiernos kirchneristas, las cuales terminaron por ampliar la base de jubilados que reciben la mínima, sin realizar ninguna previsión sobre el financiamiento de esa ampliación. El resultado final es un achatamiento de la pirámide y el perjuicio para los jubilados “viejos” que terminan financiando a los “nuevos”. Aunque nada de eso se ve ni se escucha en el anuncio que todos aplauden.

El principal problema, sin embargo, no vendría solamente de la mano de los malos manejos sino de una situación macroeconómica que terminaría por cronificarse, convirtiendo a las jubilaciones en la principal variable de ajuste para un Estado que constantemente necesita ajustar. 

El último gobierno de Cristina Kirchner terminó con una inflación silenciosa que rondaba el 30%, la única medida para combatirla había sido dejar de medirla. Cuando Mauricio Macri ganó las elecciones prometió acabar con el problema. Y terminó su gobierno con el doble de inflación. Durante los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández, pandemia mediante, se mantuvieron los niveles inflacionarios de Macri, en torno al 50%. Pero ya en el tercer año alcanzamos casi un 100% que, en el siguiente año que termina ahora, siguió hasta un 160% o más.

Jubilados, las principales víctimas de la inflación

El ajuste en el sistema previsional es una de las principales demandas del FMI. Más allá de colores políticos y los cambios de fórmula para calcular los haberes, esta realidad se mantiene inalterable. Veamos ahora brevemente los derroteros de los haberes hasta nuestros días. La fórmula que había aplicado el macrismo y que había sido tan resistida con los incidentes en el Congreso, no era mala en sí misma. Hubiera funcionado perfectamente bien, en Suiza, Uruguay, Australia o cualquier otro país sin inflación crónica.

Esa fórmula quedó suspendida por la emergencia económica dictada por el gobierno de Alberto Fernández, que la reemplazó durante su primera etapa por una suma establecida arbitrariamente por el Poder Ejecutivo, para terminar después volviendo a la fórmula que regía anteriormente a la era Macri.

El crecimiento de la inflación obligó al gobierno a entregar bonos compensatorios para que la pérdida de las jubilaciones fuera menos escandalosa. Pero no por ello deja de ser menos evidente. La estabilización de esta práctica llevó a que, ahora, una parte de la jubilación, la correspondiente al bono, se cobre como si fuera en negro. Nadie sabe de cuánto será el próximo bono y ni siquiera es seguro que vaya a haber bono. 

Mientras tanto la inflación se va comiendo, no ya el poder adquisitivo, sino la posibilidad de subsistencia de los jubilados y jubiladas. Lo único que hay que hacer para ajustar es dejar que las cosas sigan su curso. Eso es exactamente lo que hizo el gobierno anterior. 

Terminamos un ciclo de cuarenta años, desde 1983 hasta 2023, con un sistema devastado que continúa su declinación, junto con el resto de la economía del país. Las diversas mutaciones del sistema, los cambios en el cálculo de la fórmula de movilidad, los parches puestos a último momento no solamente resultaron inútiles para evitar la debacle, sino que fueron parte de la debacle misma. 

El sistema previsional necesita ser reinventado

Pero esa no es una tarea que se pueda realizar de la noche a la mañana, invocando los poderes sanadores del mercado o la intervención estatal. Es necesario salir de los binarismos Estado y mercado o izquierda y derecha, para empezar a pensar soluciones que realmente funcionen. 

Los fondos previsionales pertenecen a los jubilados

No deberían estar en manos de jugadores financieros que utilizan los fondos del sistema previsional para hacer sus apuestas ni de políticos oportunistas que los emplean para ganar elecciones. Es perfectamente posible imaginar un sistema en el que los fondos se mantengan separados de los diversos juegos que los actores de poder realizan en las distintas épocas, de acuerdo a la fluctuación de sus intereses. 

Para que esto sea posible tienen que existir mecanismos de control mixtos, en los que intervengan los propios jubilados. Como así también es necesario el desarrollo de un andamiaje legal que impida al sistema político el acceso a esos fondos. Ejemplos de sistemas similares sobran, tanto en países de la Unión Europea como los estados nórdicos. 

Para que exista algo semejante en la Argentina tiene que existir el consenso social que lo avale y lo demande. Si dejamos que sean los gobernantes quienes decidan, lo van a hacer siempre de acuerdo a su beneficio, por izquierda o por derecha. La historia nos demuestra que no podemos esperar otra cosa de ellos.

 * Dr. Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad – presidente de Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG).

Fuente: MDZ